LA JUSTICIA EN CHIHUAHUA ES SOLO PARA PRIISTAS..LOS PANISTAS …PERDONADOS

Casi a la mitad del año, la Secretaría de la Función Pública (SFP) estatal lleva apenas una sanción ejecutada contra un servidor público, el primero penado de la actual administración, indica el Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados del Gobierno federal.

Se trata de Héctor Armando Alvídrez Velarde, quien fue inhabilitado por dos años en el servicio público por violar las leyes y la normatividad presupuestal, tras una auditoría del órgano de control interno de la SFP que se inició el 17 de enero de 2019.

La inhabilitación inició el 3 de marzo y se prolongará hasta el 3 de marzo de 2021.

Durante 2017, la Función Pública sancionó a 10 exfuncionarios mientras que para 2018 fueron 13, todos de la administración del exgobernador César Duarte. En total suman 22 las sanciones aplicadas.

La lista del SRSP no contiene los casos de funcionarios de la administración del gobernador Javier Corral que son investigados y que en algunos casos incluso fueron sancionados, puesto que las resoluciones siguen sin causar estado.

No aparece en el registro la inhabilitación por 7 años de Rodolfo Bermejo Rodríguez, extitular del Instituto de Infraestructura Física Educativa (Ichife), quien fue acusado por empleadas de esa área de acosarlas sexualmente desde 2017.

También ignora los casos de Ernesto Ávila, exsecretario de Salud en esta administración que se adjudicó un bono de más de 100 mil pesos en diciembre de 2016; y el de Hugo Almada Mireles, quien fuera subsecretario de Desarrollo Social al inicio del presente gobierno, señalado de acoso laboral. 

De tal suerte que 23 de 24 de las resoluciones de inhabilitación se aplicaron sólo contra exfuncionarios duartistas, como Ricardo Yáñez Herrera, exsecretario de Educación en ese sexenio, quien no podrá ejercer cargos públicos durante dos años.

En la lista también se encuentran Maurilio Ochoa Millán y Raúl Enrique Javalera Leal, quienes también fueron inhabilitados durante el mismo tiempo, acusados de negligencia administrativa.

La sanción más grande impuesta por la secretaría a un exservidor público duartista fue aplicada a Jorge Arturo Ostos Molina, quien trabajó en la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), y fue detenido e imputado en 2013 por el desfalco de un millón de pesos. 

En el último informe que emitió al respecto la Secretaría en noviembre de 2017, se indicó que la dependencia tenía abiertos 50 procedimientos administrativos, de los cuales 49 no habían causado estado.

El Diario buscó ayer un informe de la SFP para conocer el motivo por el cuál las sanciones emitidas no se han aplicado, pero no se obtuvo respuesta.

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