Un juez federal ordenó la liberación de Jorge Luis A. I., presunto sucesor de Julio César Olivas Torres y presunto líder del grupo delictivo “La Línea” en los municipios de Temósachi, Matachí y Guerrero, por irregularidades e inconsistencias en el reporte levantado tras su detención.
El domingo 17 la Unidad de Antisecuestros y de Inteligencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) aprehendió a Jorge Luis A. I., tras lo cual fue presentado como líder criminal y fue consignado al Ministerio Público Federal.
Sin embargo, trascendió que la Fiscalía no presentó evidencia de la legalidad del arresto ni para acreditar la responsabilidad de los delitos que se le imputaban. Ni siquiera contaba con una carpeta de investigación abierta en su contra.
De acuerdo al comunicado oficial, elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro, en coordinación con la Unidad de Inteligencia de la Comisión Estatal de Seguridad, interceptaron al presunto delincuente en la calle Joaquín López Ulloa, quien conducía una pick up Chevrolet Silverado 2500 HD, color blanco, con placas de circulación EE-39013.
Narró la Fiscalía que el sujeto se identificó como Jorge Luis A. I., de 38 años y amenazó a los agentes diciéndoles que era compadre de Julio César Olivas Torres, alias “El Sixto” y que “no sabía con quien se metían”, además de tratar de sobornarlos con dinero.
Sin embargo, la familia aseguró que esta versión fue un invento de la autoridad para esconder las actuación ilegal de los policías ministeriales que llegaron el domingo por la madrugada a su casa y, sin orden de cateo alguna, reventaron la propiedad, destruyeron puertas y discos duros de las cámaras de seguridad e incluso robaron dinero en efectivo y joyas.
Tras ser cuestionado sobre esto, Peniche Espejel advirtió que este tipo de acusaciones son utilizadas como estrategias de defensa por parte de los abogados de las personas detenidas, sin embargo, si en verdad cuentan con elementos probatorios, pueden acudir a la Dirección de Asuntos Internos para presentar una denuncia.
Ahora que se dio esta resolución judicial, el fiscal aseguró que se trató de un criterio del juzgador que acusó inverosimilitud en el reporte policial por la inconsistencia en las horas de la detención. No obstante, este fallo será impugnado por la Fiscalía General de la República (FGR).
Asimismo, mencionó que se abrirá un investigación en la Dirección de Asuntos Internos para revisar la actuación de los agentes ministeriales y determinar si hubo algún abuso a o no de su parte.
