El gobernador Javier Corral manipula la ley para escoltas al buscar revertir con una reforma la iniciativa que presentó el 9 de mayo del 2017 para quitarle el servicio de seguridad a César Duarte.
Sin embargo, ahora el gobernador quiere para él y sus colaboradores cercanos el servicio de escoltas que le quitó al exgobernador César Duarte en el 2017, bajo el argumento de que son personas que brindaron sus servicios a la ciudadanía enfrentando a las estructuras delincuenciales y combatiendo los actos ilícitos de estas.
Unos meses después de asumir como gobernador, Corral entregó al Congreso el 9 de mayo de 2017 una iniciativa de decreto para reformar la Ley Estatal de Seguridad Pública.
En dicha iniciativa propuso retirar los servicios de seguridad y protección personal de funcionarios públicos al concluir su encargo o nombramiento.
El decreto LXV/RFLEY/0340/2017 II P.O., en el cual se derogaron los artículos 305 al 308, los cuales conformaban el Título Undécimo “De la Seguridad y Protección Personal de Funcionarios Públicos al Concluir su Encargo o Nombramiento” de la Ley Estatal de Seguridad Pública, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE) el pasado 7 de junio de 2017, el cual fue presentado y aprobado en el Poder Legislativo el 30 de mayo del mismo año.
Corral Jurado argumentó en su propuesta, en la que retiró este servicio, que tuvo como objeto que no fuera el ciudadano común el que, vía la carga tributaria, los cubra y que, además, el Gobierno del Estado, por medio de la FGE, deba utilizar los recursos humanos, materiales y financieros para cumplir con dicha obligación.
El decreto 340/2017, presentado en el Congreso del Estado de Chihuahua, se reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, así como de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el cual fue aprobado por 32 legisladores, ya que no se registró uno.
En este se eliminó de la Ley Estatal de Seguridad Pública lo relacionado a la seguridad de los servidores públicos cuando concluyeran con su encargo o nombramiento, entrando en vigor desde el día 8 de junio de 2017.
Cabe señalar que este decreto fue firmado por quien fuera la presidenta del Congreso, Blanca Gámez, las secretarias Rocío Sáenz y Nadia Siqueiros, además del gobernador Javier Corral y del secretario general de Gobierno, César Jáuregui, el 5 de junio de 2017, dos días antes de su publicación en el POE.
El título que fue derogado había sido agregado el 2 de octubre de 2016, tras su publicación en el POE un día anterior, en el cual se contemplaba brindar seguridad y protección personal al fiscal general y al director general de la Policía Única, previa solicitud, durante los cuatro años siguientes a la conclusión de sus nombramientos, y no se contemplaba al gobernador.
Asimismo, los elementos policiales que proporcionarían dicha prestación serían pertenecientes a la Policía Única Estatal, y además estarían dotados del equipamiento necesario para el ejercicio de su función.
